Laboratorio de Ideas 2

Sarrera

En el período 1997-2007, el mundo de la vivienda en España experimentó una profunda convulsión: precios de vivienda que aumentaron en un 195% lo que representó un aumento medio anual nominal del 11,4%. Aunque no se cuenta con cifras exactas sobre el parque de viviendas, se estima que a finales del 2009 en España había un número de viviendas nuevas sin vender cuyo total oscilaba entre 700.000 y 1.200.000 (entre el 2,7% y el 4,5% del parque de viviendas. Este boom inmobiliario, ha provocado que la vivienda sea un bien de mercado por encima de un bien social, primando su valor individual frente al colectivo.

Nos encontramos ante una situación insostenible del mercado de la vivienda en España con precios muy elevados tanto de la vivienda para compra como para alquiler con un stock de viviendas sin vender y pero al mismo tiempo con una demanda insatisfecha.

La Constitución española, en su artículo 47, promulga el derecho de todos los ciudadanos del Estado a una vivienda digna y adecuada, estableciendo que las administraciones han de velar por hacer efectivo este derecho.

A pesar de esta declaración constitucional, la vivienda no es un derecho garantizado, sino que constituye una fuente de riqueza para quien tiene algo que vender o alquilar. Hoy por hoy, la idea de que los poderes públicos deben garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna, aunque figura en la Constitución, no es una realidad exigible. En otras palabras, la vivienda no ha alcanzado la consideración de bien social como la sanidad, la educación o la cobertura social (pensiones, desempleo o enfermedad), sino que es considerada por todos una mercancía y, por tanto, la población no se moviliza para exigir viviendas públicas.

Y en este sentido, debemos hacer frente a dos grandes problemáticas que afloran en la coyuntura actual de la política de vivienda:

1. La existencia de viviendas vacías

2. La sobre ocupación de viviendas.