Reflexiones acerca de los desafíos y retos en la problemática residencial del País Vasco.

En la última década en la Comunidad Autónoma del País Vasco se había venido alimentando una situación de burbuja inmobiliaria, y ello, junto a la llegada de la generación baby-boom al mercado de la vivienda, había generado una época de ferviente actividad y progresiva carestía de la vivienda en nuestro entorno.
No obstante, la crisis económica internacional y sus efectos globales y locales provocaron un frenazo en la escalada de precios  y en el dinamismo del mercado, lo cual, unido a las restricciones crediticias, tampoco han favorecido y colocado en mejor situación a la población vasca en cuanto a la satisfacción de las necesidades de vivienda se refiere.
En este contexto, a los problemas que se venía enfrentado antes de la crisis se les han sumado otros especialmente acuciantes relacionados con la crisis y sus efectos, a saber:

- Desahucios por la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas. Ello genera nuevas situaciones de necesidad urgente de residencia, junto a una nueva bolsa (ahora en manos de los bancos) de vivienda “vacía” a la que se necesita dar salida.

- Problemas graves en el pago de las rentas e hipotecas. Agudizan la necesidad de ayudas de emergencia social.

- Creciente problemática en el acceso a la vivienda, fundamentalmente por la restricción crediticia y el empeoramiento de la situación económica y profesional de las personas necesitadas de su primera vivienda.

- Otros problemas, relacionados con los cambios en la sociedad y el empeoramiento de la situación económica de las familias (separaciones, divorcios, etc.)

Y por todo ello, algunos de los desafíos y retos que hay que destacar en estos momentos en la problemática residencial son los siguientes:

- Movilización de la vivienda vacía, a la que ahora se le suma la vivienda recién construida y no vendida, e incluso la semi-construida o promovida, y la desahuciada (por no poder hacer frente a los pagos; ahora en manos de los bancos).

- Favorecer la superación del despilfarro crediticio y actual bloqueo, que a su vez debe sentar las bases para llevar a cabo una asignación crediticia más razonable y prudente en el futuro, evitando sobre-endeudamientos.

- Reactivación de la vivienda protegida en todas sus modalidades para favorecer la salida de la crisis y satisfacer parte de las necesidades de vivienda.

- Responder a las nuevas y no tan nuevas necesidades de ayuda para el pago de rentas e hipotecas por parte de los colectivos más vulnerables en esta situación de crisis.

- Reflexionar sobre el precio de la vivienda libre y su posible “control” en épocas venideras (esto incluye la necesidad de reflexionar sobre el precio y el mercado del suelo)

- Seguir avanzando en la garantía del derecho a la vivienda

- Seguir identificando y respondiendo a las necesidades surgidas en una sociedad en permanente cambio, como son los hogares unipersonales, familias monoparentales, padres/madres separados/as con hijos/as, envejecimiento de la población, etc.

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[1] Si bien en gran parte del Estado se han registrado importantes caídas en el precio de la vivienda, en la CAPV no se han producido sino estancamientos o ligeras caídas.