Cohesión Social y Desarrollo Urbano

ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

Fernando Roch. 

Urbanista, Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Introducción 

La evolución de las ciudades europeas se enfrenta a numerosos retos, pero sobre todo a las considerables incertidumbres que se derivan de la combinación de diversos factores, entre los que destaca una ausencia clamorosa de modelos teóricos, el abandono sistemático de la Planificación Urbana y la proliferación de prácticas de intervención sectoriales y espacialmente fragmentarias.

Mientras se reclama un nuevo impulso de desarrollo, un aumento de la productividad y de la competitividad basado en la capacidad innovadora de nuestras ciudades, éstas escenifican desequilibrios, ineficiencia y segregación crecientes, y su naturaleza orgánica es sustituida por un orden jerarquizado, que sigue la lógica estratificada de los agregados monetarios.

Tanto el mundo físico, de cuya conservación dependen nuestras condiciones materiales de existencia, como nuestro universo urbano en el que cobran vida los logros más valiosos de nuestra naturaleza política y social —probablemente la única esfera en la que tiene sentido hablar de progreso—, están sometidos a fuertes procesos de degradación.

 

La economía, la ecología y el urbanismo han evolucionado por separado hasta convertirse en disciplinas que tratan de fenómenos —y de éticas— dispares que encuentran en la ciudad y el territorio un campo de enfrentamientos abiertos. Se trata de descripciones de la realidad que no cuentan con marcos ni desarrollos teóricos de categoría equivalente, es decir, que ni sus respectivas construcciones teóricas, ni sus correspondientes aparatos predictivos y normativos gozan del mismo prestigio en el imaginario colectivo. Mientras el discurso económico, incluso en sus formas degradadas actuales (economicismo ramplón y mercantilista), y aún después de haber cosechado tantos fracasos en sus predicciones y modelizaciones, impone su hegemonía, el discurso sobre la naturaleza del mundo físico que debería desarrollarse bajo los principios de la ecología política, se tiene que enfrentar a una fuerte contestación desde sectores patrocinados por los grandes intereses económicos planetarios y ha de contentarse con adoptar las formas atenuadas que se cobijan bajo el paraguas de la sostenibilidad. Peor aún le van las cosas al discurso urbanístico que se desvanece bajo fórmulas y modelos que consagran la exclusión social, la pérdida de los valores cívicos y la descomposición de las estructuras orgánicas de las ciudades.

Según la Carta de Leipzig, el desarrollo sostenible y competitivo era posible si se apoyaba en las ciudades —talismanes de innovación y de conocimiento— y se evitaban, o compensaban, sus efectos negativos de índole social.

En efecto, esta Carta, que en buena medida ha orientado las políticas territoriales recientes de la Comunidad Europea, parte de la necesidad de hacer compatible el desarrollo económico —un nuevo desarrollo que compite con innovación en un universo globalizado dominado por la deslocalización y la reducción de los costes de la mano de obra— con la sostenibilidad. La sostenibilidad institucionaliza una versión muy moderada de las agresiones que las actividades económicas infringen en la actualidad al mundo natural y su modo de aliviarlas, y su principal preocupación es evitar hasta donde sea posible el menoscabo definitivo de los bienes fondo. Se trata de “calibrar” las fuerzas productivas para que no se cumpla el agotamiento de los recursos renovables y buscar alternativas adecuadas para los no renovables, evitando su despilfarro y persiguiendo su uso eficiente. Este, en apariencia, sencillo problema de reproducción, que viene preocupando a los responsables europeos (y del mundo entero) desde hace varias décadas, y que se agudiza cuando empiezan a sumarse las diversas patologías de la globalización con las miserias del cambio climático y el anuncio del agotamiento de los recursos energéticos fósiles, desemboca en un conflicto que se manifiesta en dos campos bien diferenciados: por un lado, el que se refiere a las dimensiones económicas más específicamente vinculadas a la producción y, por otro, el que se refiere a los efectos generales, más relacionados con la reproducción de las condiciones de existencia del sistema económico y, habría que añadir, social.

Podríamos resumir la idea que se esconde detrás de estos planteamientos de esta forma: “Las ciudades son espacios de acumulación histórica de recursos, de variedades culturales, de conocimiento, de formas de socialización —incluidas las diversas formas de economía social—, que constituyen acervos irreproducibles de los que se derivan ventajas para originar y fomentar procesos de innovación, nuevas economías llamadas a ser altamente competitivas. Como se puede ver se trata de un desarrollo que se orienta más hacia la explotación de recursos urbanos, históricos, institucionales, culturales y sociales (se supone que renovables, pero no es así), que a la explotación de recursos naturales con serios problemas de renovación y de generación de residuos. Anotemos, sin embargo, dos cosas: ni la fórmula es nueva (la industrialización ya se apropió de estos recursos), ni asegura resultados equilibrados. Antes al contrario, esta práctica potencia y explota las asimetrías de estos espacios como ya explicó en su momento la teoría de los Polos, al mismo tiempo que consume los recursos “inmateriales” asociados a ellos y genera degradación.

Entre los efectos que, semejante sometimiento de la complejidad urbana a los procesos de desposesión que resultan de las reglas de juego de las economías industriales y globalizadas, destacan fenómenos de desintegración social, de exclusión, y numerosos desequilibrios de diversa índole en la esfera de la reproducción económica y social, hasta llevarla a sus límites. Y eso incluye el propio territorio que es objeto de transformaciones irreversibles, al verse obligado a soportar continuas extensiones de la ciudad, derivadas de la descomposición (segregación y estratificación) de sus tejidos complejos.

Dado que no se pueden ignorar estos efectos negativos puesto que hoy ya se reconocen como un obstáculo para futuros desarrollos y para la propia supervivencia del sistema, se impone su superación bajo fórmulas que, haciendo de necesidad virtud, abran nuevas oportunidades de progreso.”

El problema es que tales soluciones se han convertido en un repertorio de intervenciones especializadas y fragmentadas que tienen más que ver con los cuidados paliativos (regeneración de áreas en declive, revitalización de barrios vulnerables, renovación urbana, etc.), que con una verdadera política de “cuerpo sano y eficiente” que considere la ciudad en su totalidad bajo esta perspectiva.

Si, por decirlo en pocas palabras y con espíritu positivista, lo que nuestras ciudades pudieran ganar en productividad lo pierden en capacidad de reproducción, parece que esta última cuestión adquiere un protagonismo que sitúa en el centro del proyecto a propia la ciudad, a lo urbano, con toda su plenitud cívica, con todas sus propiedades complejas, como lugar donde resolver los problemas de exclusión y de cohesión social, como “recurso” a proteger y a estimular, alejándola, por así decir, de su declive térmico, de su descomposición orgánica, es decir, manteniéndola en equilibrios alejados de lo que podríamos calificar de equilibrio termodinámico.

De esta forma, las propiedades (por describir y estudiar) de la ciudad y de lo urbano, sus leyes complejas, con relativa y fecunda autonomía respecto a las reglas de la economía de mercado, son las que deben inspirar las nuevas políticas urbanísticas y territoriales, sustituyendo a las prácticas de sometimiento que han informado el planeamiento urbanístico desde sus orígenes en los primeros ensayos de la denominada Revolución Industrial. Un nuevo planeamiento urbanístico con la ciudad en su expresión y evolución compleja como objetivo, se hace imprescindible, incluso para apuntalar una transformación viable de la economía y de la sociedad en su conjunto.

A modo de propuestas:

Un enfoque como el que se propone aquí debería girar en torno a los principios que podrían regir la rehabilitación integrada, cuyos conceptos y contenidos integrantes no están plenamente establecidos, lo que supone ya un primer problema. Se trata de un concepto y una práctica que habría que desarrollar y que probablemente se irían materializando con la puesta en práctica de ciertos principios de acción de carácter general como los que se proponen a continuación sin ánimo exhaustivo: 

• Impedir, con carácter general, los procesos de gentrificación porque contradicen los objetivos aquí perseguidos (son falsas rehabilitaciones que estratifican la morfología urbana), haciendo uso de medidas inmobiliarias como el control de productos, de precios y de usos. Excepcionalmente y dentro de las estrategias globales de la ciudad se pueden gestionar procesos de gentrificación debidamente acotados y controlados. Sobre ello hay abundante experiencia, aunque toda ella en la dirección de los intereses hegemónicos. 

• Delimitar ámbitos significativos y operativos, para poner en práctica políticas integradas de recuperación de la vida residencial en toda su plenitud y libre de fenómenos de segregación. Nuestras ciudades, especialmente las de tamaño grande y medio, no pueden seguir soportando la fuerte descentralización de la vida residencial que hemos vivido y que las convierte en centros de servicios de nuevas, lejanas e innecesarias áreas residenciales nacidas de esa propia descentralización, y que han destruido el territorio circundante para alimentar la especulación inmobiliaria. Tal mecanismo representa una catástrofe de lo urbano que obliga a invertir el proceso y hacerlo con la menor segregación social posible. 

• En principio no debe haber ninguna dificultad para combinar estos objetivos con los propios de la sostenibilidad, ya que lejos de complicar la tarea de promover medidas que luchen contra la exclusión social, ofrece modelos de ciudad en los que la cohesión social es una condición necesaria.

Estas recomendaciones encuentran muchas dificultades de materialización dentro de los marcos institucionales, jurídicos y financieros de que disponemos, de ahí que: 

• Sea importante una adecuación a esta nueva cultura del alcance y objetivos de los marcos jurídicos sobre el suelo y la planificación urbana, si los mercados lo permiten. 

• Sea necesario profundizar en la cultura de la Rehabilitación frente a la cultura de la Extensión. O mejor aún, en la cultura de la Ciudad como organismo social democrático, frente a la cultura de la Ciudad como instrumento especializado al servicio de la productividad y la competitividad. 

• Se necesiten nuevos incentivos financieros y fiscales, y que se revise el papel de los agentes inmobiliarios y financieros en la nueva alianza que implica esta nueva forma de desarrollo, con nuevas modalidades de participación.

Por concretar, sería recomendable: 

• Ensayar nuevas formas de partenariado que articulen la participación ciudadana que debe implicarse en la progresiva evolución compleja de sus barrios, invirtiendo su implicación inmobiliaria actual —materializada a través de la propiedad—, que ha conducido a instaurar la homogeneidad excluyente, es decir, todo lo contario. Este va a ser uno de los principales escollos de esta nueva cultura de la Ciudad. En el imaginario colectivo hay que tratar de sustituir el prestigio actual que goza la imagen de un barrio homogéneo de clase o estatus determinado, por la de un barrio integrado, diverso, complejo y pujante. 

• Introducir en la escala de la Rehabilitación (escala urbana) estrategias de orden Regional buscando el equilibrio y el policentrismo. 

• Potenciar la proximidad, mediante la concentración de usos y servicios y el fomento de la cohesión social, frente a la movilidad. Es decir reducir a lo imprescindible las necesidades, sobre todo cotidianas, de movilidad. No es necesario, porque ya es una recomendación habitual, insistir en que se potencie el transporte público de calidad frente a cualquier otra opción. Las peatonalizaciones deben quedar sujetas a un estudio pormenorizado y multidimensional de sus efectos sobre el organismo urbano afectado, ya que con frecuencia favorecen el desarrollo de las estrategias de los agentes de centralidad. 

• Crear espacios públicos de alta calidad tanto para fortalecer las cualidades competitivas del espacio como para contrarrestar los fenómenos de segregación social. Es decir, invertir en la “ciudad pública” como bien o “factor de producción” como sustrato de economías sociales y también de “integración social”. 

• Establecer mecanismos que atenúen los efectos de elitización y exclusión, que intervenciones como éstas suponen a medio plazo y que expulsan funciones vitales para la esfera de la reproducción social y del equilibrio, porque no pueden competir en renta con otras hegemónicas. Esto implica bloquear los mecanismos que estimulan el alza de los valores inmobiliarios, introduciendo fórmulas de reversión de esas alzas a la agencia pública (colectiva) que intervenga. 

• Poner en marcha planes de desarrollo de tejidos de eficiencia e innovación junto con planes de protección o incentivación del uso residencial. Fuera de ciertas áreas de uso necesariamente más o menos especializado, la vida habitable se debe extender a todos los tejidos de la ciudad, desde luego a los tejidos periféricos que deben adquirir complejidad progresiva, pero también a los centrales que pierden su vida real. Ciudades y barrios “para todos” en un entorno complejo y eficiente, con equipamientos colectivos, sería una consigna que podría resumir esta estrategia.

–Fernando Roch–